María Trinidad Inostroza Castro, Enma Raquel Centa Cueva
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – Peru
Résumé: De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial, el Perú se ubica en la posición 79 de 141 economías en lo que respecta a infraestructura en servicios básicos, habiendo aumentado en los últimos años el porcentaje de peruanos expuestos a fuentes de agua no segura y por el deterioro en la seguridad del suministro de agua potable. Por su parte, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad aprobado en 2019, señala que en el Perú la brecha de infraestructura de acceso a servicios básicos supera los 363 mil millones de soles; ello sin considerar la brecha de calidad en los sectores de agua, saneamiento, telecomunicaciones y educación, ni los costos de mantenimiento y aquellos necesarios para incrementar la resiliencia de la infraestructura frente a desastres naturales.
Frente a esta situación apremiante, la Contraloría General de la República ha corroborado que al 2018, 867 proyectos de infraestructura, por un aproximado de 16 mil millones de soles, se encontraban paralizados. En el 39% de los casos, la paralización se debía a deficiencias técnicas e incumplimientos contractuales. Asimismo, según resultados del año 2018, a nivel nacional se dejaron de adjudicar contratos de bienes, servicios y obras por más de 8 mil millones de soles.
No parece razonable que ante la necesidad de cerrar brechas de acceso de la población a servicios básicos, las obras no avancen, o, peor, queden inconclusas o inoperativas. Esta incoherencia ha sido desgarradoramente evidenciada por la situación de emergencia nacional generada por la pandemia de la COVID-19, que ha expuesto la vulnerabilidad del Estado, no solo por las deficiencias en la prestación de servicios básicos como el de salud, y el de agua y saneamiento, sino por el incremento de denuncias de corrupción, las cuales se incrementaron en 700% durante los primeros 100 días del estado de emergencia, según información del Ministerio Público. Tales denuncias están referidas, entre otros, a irregularidades en la adquisición y entrega de canastas de víveres, y la sobrevaloración de equipos médicos y mascarillas.
¿Por qué sucede? ¿Cómo se puede evitar este tipo de situaciones que impiden la atención de necesidades esenciales de la población, además de mermar el presupuesto nacional, y afectar la competitividad y el crecimiento económico del país? Estas interrogantes son particularmente relevantes en el contexto mundial actual.
