Guillermo Vázquez del Mercado, Luis Félix y Gerardo Carballo
Résumé: La extorsión es un delito que afecta todos los ámbitos de la vida socioeconómica de los países de Centroamérica. Las empresas y los negocios formales y los informales sufren los efectos negativos del pago de la «renta» o el «impuesto de guerra», el nombre que recibe la extorsión en El Salvador y en Honduras, respectivamente. Para poder realizar estos pagos adicionales, no solo no pueden aumentar su oferta de bienes o de servicios, sino que se ven obligados a incrementar los precios para poder cubrirlos.
Como las víctimas desconfían de las instituciones de seguridad y justicia, no denuncian la extorsión, con lo cual cuesta más entenderla y atenderla. Esta desconfianza se extiende hasta los propios compañeros del gremio comercial o empresarial: hay informes que indican que, para no ser extorsionadas, las posibles víctimas brindan información sobre sus competidores y desvían la extorsión a otra víctima.
Se han producido dos cambios en las dinámicas de trabajo de los negocios afectados, que han optado por mantener un perfil bajo –las fachadas y los vehículos de reparto no llevan propaganda ni mercadotecnia, para mostrar lo menos posible el tipo de negocio y su capacidad de venta o de producción– y, a falta de un protocolo de protección específico para las víctimas, han generado procesos internos de autoprotección y seguridad, como los denominados call centers, para negociar el pago y el paso de camiones repartidores de sus productos, realizar pagos en especie y tramitar denuncias colectivas de empresas a través de un representante legal, lo que reduce la posibilidad de identificación ante los victimarios.
